Iniciamos hoy una serie de reportajes para explicar las reformas acometidas por el Gobierno central de Mariano Rajoy en los últimos meses y que tantos ríos de tinta han suscitado. Hemos optado por arrancar hablando de economía, porque tal vez hoy sea la gran preocupación de todos los españoles. Hemos de tener claro todos que no será posible trabajar desde la administración pública para recuperar el crecimiento económico si antes no logramos equilibrar las cuentas públicas. Esa es, precisamente, la asignatura que Galicia ha superado con nota, gracias a la política ejercida por Alberto Núñez Feijóo. España no estará preparada para recuperar la credibilidad en los mercados y, por tanto, para obtener la financiación que permitirá que fluya nuevamente el crédito, hasta que no sea capaz de demostrarle a los inversores dos cosas:
1º) Que gastamos solo lo que tenemos
2) Que cuando pedimos dinero, somos capaces de devolverlo
Aquí encontraréis algunas de las razones por las que ha sido necesario "tomar decisiones" y hacerlo con extrema urgencia. Y también las explicaciones de cuáles son realmente esas reformas y para qué servirán:
Algunas consideraciones previas con las que el PP se encuentra a su llegada al Gobierno
1. El déficit es del 8,5% y no del 6%. Lo cual significa un desfase próximo a los 50.000 millones de euros
2. Las comunidades autónomas no son las
responsables de ese desfase de déficit.
Los mercados "no nos creían". Y era lógico. Estaban cansados a esas alturas de escuchar "tonterías". Aquí tenéis algunas de las que, posiblemente, más daño nos hayan hecho en nuestra credibilidad internacional:
Zapatero 11-9-2007: “Se podria decir que la
economía española ha entrado en la champions league de la economia mundial en
esta legislatura. Mal que les pese a algunos”.
Zapatero 2008: “No estamos en una crisis
económica”
Rubalcaba mintió: “El gobierno socialista
no ha dado dinero a la banca con problemas”.
Rubalcaba: “Mantendremos y fortaleceremos
las pensiones de los españoles”.
“Hay que crear un impuesto para ricos”:
Cuando la realidad es que el Gobierno socialista eliminó el impuesto sobre el
patrimonio y bajó el de sociedades.
Salgado: "Estamos asistiendo a brotes verdes en la economía española"
SOBRE EL DÉFICIT PÚBLICO ESPAÑOL
Las cifras demuestran que el PSOE ocultó a
todos los españoles el dato real de déficit antes de las elecciones generales.
La Intervención General del Estado informó
al Gobierno del PP cuando llegó el 22 de diciembre de que la estimación de
déficit estaba en torno al 8 por ciento.
Han dejado que las comunidades autónomas se
endeudaran por encima de sus posibilidades cuando en 2005 eliminaron su techo
de gasto.
Han dejado unas cuentas falseadas y ahora
las CCAA tienen que devolver 25.000 millones al Estado, algo insólito.
Las cifras ofrecidas por el Gobierno del
Partido Popular fueron puestas en duda por los miembros del Partido Socialista:
a finales de diciembre del 2011 Inmaculada Rodríguez-Piñero exculpó al Estado
del aumento del déficit del 6 al 8 % y aseguró que en las cuentas de la
Administración General “no hay desviación” según los datos de la
exvicepresidenta económica, Elena Salgado, y había desviación, no sólo en la
Administración General, sino también en la Seguridad Social.
Tal y como ha certificado la Oficina
Estadística de la Unión Europea, Eurostat, la economía española cerró 2011 con
un desequilibrio fiscal del 8,5% y un endeudamiento público del 68,5% del PIB,
tal y como había avanzado el Gobierno de Rajoy.
PLAN DE PAGO A PROVEEDORES
Un plan pionero que acabará con la
morosidad de las administraciones públicas y reactivará la economía de nuestro
país:
Es la mayor operación financiera de la
Historia de España: es una medida para impulsar el crecimiento económico y
permitirá crear/mantener más de 100.000 puestos de trabajo De cada 100
proveedores a los que se les han abonado sus facturas, 65 eran pymes, 35
personas físicas y 1 gran empresa.
El Gobierno ha pagado ya 9.263 millones de
euros a 106.283 proveedores que tenían facturas pendientes de Entidades
Locales.
Se han abonado 1.715.121 facturas a los
contratistas de 3.774 Entidades Locales.
Se autoriza a las 14 comunidades autónomas
que se han acogido al mecanismo extraordinario de pago a proveedores a tomar
préstamos a largo plazo por un importe agregado de 17.718,5 millones de euros.
Los proveedores con facturas pendientes de
comunidades autónomas comenzarán a cobrar la última semana de junio
El Gobierno del Partido Popular cree en el
tejido productivo español formado mayoritariamente por autónomos y PYMES,
haciendo que cobren en un tiempo record de la Administración, sus facturas
pendientes, lo que ha supuesto inyección de dinero en la economía productiva,
la que crea puestos de trabajo.
El mensaje que lanza el Gobierno al
exterior: España cumple.
LEY IMPULSO ACTIVIDAD COMERCIAL-LICENCIA
EXPRESS
Objetivos:
Eliminar las licencias que otorga la
administración municipal en actividades inocuas en aras de agilizar la apertura
y funcionamiento de los establecimientos de comercio minorista y de servicios.
Impulsar y dinamizar la actividad comercial
minorista y de facilitar el acceso a la actividad comercial de pequeñas y
medianas empresas.
Actualmente la apertura de un nuevo
negocio, tarda entre tres meses y un año y medio aproximadamente en función del
ayuntamiento, el poder. A partir de ahora, estos comercios podrán abrir en unos
días.
¿Qué es?
En la nueva licencia solo se exigirá:
Una declaración responsable.
Un proyecto técnico firmado por arquitecto
que confirme que la empresa cumple con los requisitos necesarios.
Y la liquidación de tasas municipales,
garantizando en todo caso mecanismos de control a posteriori de inspección y
sanción.
¿A quién va destinado?
Comercios de cualquier actividad -excluida
inicialmente la hostelería, venta ambulante, y actividades que afecten a salud,
seguridad, medio ambiente…- con locales de hasta 300 metros cuadrados y
titularidad de pymes.
¿Cuándo?
Se está trabajando para que entre en vigor
en Junio. (trabajo conjunto del Gobierno con CCAA, ayuntamientos y el sector
del pequeño comercio).
LEY DE ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
Una ley para que ninguna
administración se gaste lo que no tiene.
Objetivos:
Garantizar la sostenibilidad presupuestaria
de todas las Administraciones Públicas.
Fortalecer la confianza en la estabilidad
de la economía española.
Reforzar los compromisos de España con la
Unión Europea.
Cumplir el mandato recogido en el artículo
135 de la Constitución Española.
La norma eleva a categoría legal un principio
de economía general: “no se puede gastar más de lo que se ingresa”.
Contenido destacado:
Se introduce la deuda pública como criterio
de sostenibilidad presupuestaria. La deuda pública no podrá superar el 60 por
100 del PIB.
Todas las Administraciones Públicas deberán
presentar equilibrio o superávit. Ninguna podrá incurrir en déficit
estructural, salvo en situaciones excepcionales o reformas estructurales con
efectos presupuestarios a largo plazo.
Se refuerzan los mecanismos preventivos y correctivos.
Se establece un periodo transitorio hasta
2020 para ajustar los desequilibrios presupuestarios.
REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO
Contenido principal:
Se pone en marcha un proceso de saneamiento
de los activos inmobiliarios (problemáticos y no problemáticos) valorado en
cincuenta mil millones de euros.
Se establece un régimen de fusiones de
entidades, con plan de viabilidad y medidas de gobierno corporativo para una
integración rápida y eficiente.
Se modifica el régimen jurídico de las Cajas
de Ahorro, con simplificación de estructuras organizativas, requisitos
operativos y de funcionamiento.
Adicionalmente, en la reforma se incluye la
limitación de las remuneraciones de consejeros, administradores y directivos de
las entidades intervenidas o que reciban ayuda pública.
La reforma de los organismos supervisores
de los mercados
Objetivo:
Unificar las funciones de los organismos
supervisores existentes en una Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
Clarificar las competencias.
Simplificar su estructura y funcionamiento.
Aumentar la profesionalidad, neutralidad e
independencia de sus miembros.
Reforzar la seguridad jurídica.
Adicionalmente, se consigue un importante
ahorro de gastos en línea con la política de austeridad seguida por el Partido
Popular.
REFORMA DE LOS ORGANISMOS SUPERVISORES DE
LOS MERCADOS
Estamos reduciendo todos los gastos
superfluos y reformando la administración para evitar duplicidades. Si los
ciudadanos hacen ajustes en tiempos de crisis, las administraciones deben dar
ejemplo.
Objetivos:
Unificar las funciones de los organismos
supervisores existentes en una Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Clarificar las competencias.
Simplificar su estructura y funcionamiento.
Aumentar la profesionalidad, neutralidad e
independencia de sus miembros.
Reforzar la seguridad jurídica.
Adicionalmente, se consigue un importante
ahorro de gastos en línea con la política de austeridad seguida por el Partido
Popular
PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
La lucha contra el fraude fiscal constituye
uno de los pilares fundamentales de la política económica del Gobierno. Para
profundizar en este objetivo se están poniendo en marcha una serie de normas
tributarias adicionales.
Entre ellas se encuentran una nueva ley
para intensificar las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, un
plan extraordinario de regularización de rentas ocultas y un endurecimiento del
Código Penal para los casos más graves de delito fiscal y contra la Seguridad
Social.
El plan de regularización de rentas ocultas
está en vigor desde el pasado 30 de marzo y la reforma del Código Penal está en
fase de información pública antes de ser aprobada por el Gobierno.
El proyecto de ley de intensificación de la
lucha contra el fraude, que el 22 de Junio estudió el Consejo de Ministros,
combina medidas novedosas diseñadas para impactar directamente en nichos
tradicionales de fraude con otras que refuerzan la seguridad jurídica del
sistema tributario y potencian la recaudación. Se han incorporando
recomendaciones de expertos en la materia. La norma cuenta con cinco
medidas principales:
Limitación del pago en efectivo a 2.500
euros. Es para aquellas actividades en donde participe un empresario o
profesional. Con ello se pretende reducir las bolsas de economía sumergida. La
utilización de grandes cantidades de efectivo en operaciones económicas
facilita notablemente los comportamientos defraudatorios.
Nueva obligación de informar para todos los
contribuyentes sobre el patrimonio que cuenten en el extranjero. Afectará
a cuentas bancarias, valores, títulos, seguros, rentas y bienes inmuebles. Las
rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último
ejercicio impositivo de entre los no prescritos.
Exclusión del régimen de estimación
objetiva (módulos) de algunas profesiones. Este régimen está considerado
como un nicho tradicional de fraude. La exclusión operará para los que facturen
menos del 50% de sus operaciones a particulares y sus rendimientos íntegros
sean superiores a 50.000 euros. También para los que obtengan rendimientos
superiores a 225.000 procedentes de otros empresarios o profesionales.
Más garantías para garantizar el cobro de
deudas tributarias. Estas garantías se refuerzan en los casos en donde el
contribuyente intenta escapar de sus obligaciones fiscales retrasando el pago
de la cuota, interponiendo obstáculos o diluyendo su patrimonio. De esta forma
se facilitan los embargos preventivos, las medidas cautelares para garantizar
el cobro de las deudas, y se amplían las responsabilidades de los sucesores de
sociedades en liquidación para evitar su vaciamiento patrimonial.
En el caso del IVA, se potencia el cobro
del impuesto en operaciones de entrega de inmuebles, importaciones y declaraciones
en concurso. El Gobierno quiere acabar también con las estructuras
carrusel montadas con el ánimo de elusión del impuesto, y con la utilización de
frases como “con IVA o sin IVA”.
Sanciones más duras por resistencia a la
inspección. Se endurecen las sanciones a imponer por resistencia,
obstrucción, escusa o negativa a las actuaciones inspectoras. Las multas pueden
llegar a 600.000 euros. Además, se permite la adopción de medidas cautelares a
la Agencia Tributaria en los procesos penales de delito fiscal y se facilitan
estas medidas en los procedimientos tributarios. Con ello, se refuerzan
sobremanera los instrumentos de Hacienda para la lucha contra el fraude.
PRESUPUESTOS GENERALES 2012
Los presupuestos del Gobierno son
esenciales para recuperar la confianza y reducir el déficit.
Los Presupuestos Generales del Estado son
un instrumento esencial para conseguir los objetivos de política económica del
Gobierno. Los Presupuestos de 2012, que se aprueban transcurridos casi seis
meses desde que comenzó el año son “especiales”. Especiales por la propia fecha
de aprobación; especiales porque se han de ejecutar en plena recesión y deben
ser activos para combatirla; y, por último, especiales porque deben cumplir
nuestros difíciles compromisos de déficit con Europa
Subsanan el grave desequilibrio heredado
del Gobierno socialista:
En 2011 los gastos fueron superiores en
90.000 millones de euros a los ingresos, con un desviación del 40% respecto al
déficit comprometido, 2,5 puntos de PIB.
La reducción del déficit en este año debe
ascender a 3,2 puntos de PIB, del 8,5% al 5,3%, en el conjunto del sector
Público.
El ajuste en la Administración General del
Estado ha tenido que ascender a 27.300 millones de euros
Priorizan el ajuste en administración y
organizaciones públicas:
Recortan un 17% de media el presupuesto de
cada ministerio: 17.800 millones de euros. El gasto de los ministerios queda en
65.083 millones. Se hace un mayor esfuerzo de ajuste en las partidas menos
productivas. Las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de Mariano
Rajoy se congelan, quedando en 400.000 euros menos que las del Gobierno
socialista.
Las transferencias a los sindicatos se
reducirán en 6,2 millones de euros.
Favorecen los derechos sociales y a los
ciudadanos más vulnerables:
Cuatro de cada diez euros van a pensiones y
prestaciones por desempleo.
Asciende la aportación de todas las
pensiones en un 3,2%: 115.826 millones.
Eleva un 35,6% su aportación a la
financiación de pensiones mínimas.
Mantiene las prestaciones por desempleo.
De cada cien euros, más de la mitad se
destinará a programas sociales.
Mantiene las partidas de Educación
destinadas a becas.
Mantiene las políticas sociales y de
seguridad.
No reduce el sueldo de los funcionarios.
Protegen el consumo, el crecimiento
económico y la creación de empleo:
No subirá el Impuesto de las Rentas sobre
las Personas Físicas (IRPF).
Sólo las empresas más grandes verán
aumentado el IRPF y sólo por dos años.
Política tributaria encaminada a no
perjudicar el consumo e impulsar el crecimiento económico
Se incluyen medidas por el lado de los
ingresos relativas al impuesto de sociedades que no serán perjudiciales para el
consumo que se encuentra muy retraído y que contribuirán a establecer eficacia
y eficiencia en el sistema.
