El que fue director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, será el primero de los cinco exdirectivos de la entidad gallega que comparezca ante la Audiencia Nacional, dentro de la causa que investiga las cantidades que se adjudicaron en concepto de prejubilaciones.
El juez titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tomará declaración a García de Paredes este lunes, 15 de octubre. El siguiente será Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas, el día 17; mientras que el día 18 comparecerá Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración y el viernes 19 será el exdirector general de la caja única, José Luis Pego, quien se presentará ante el juez.
Por último, el lunes 22 de octubre le tocará el turno al excopresidente Julio Fernández Gayoso. El magistrado les imputa indiciariamente la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
Moreno, que admitió a trámite la querella contra los cinco exdirectivos el pasado mes de junio, considera que todos ellos actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia", nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.
Anticorrupción apunta que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.
DEVOLUCIÓN
La Fiscalía reclama a todos ellos la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. En el caso de García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 --momento en que se podría jubilar--, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.
A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.
Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros a Gorriarán y 260.940 euros a Rodríguez Estrada. En las peticiones de devolución no aparece Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.
La Fiscalía recuerda que quedan pendientes de cuantificar las cantidades a regularizar por los planes de pensiones y que ascienden a 10,8 millones de euros a favor de Pego, a 8,1 millones de euros a favor de Rodríguez Estrada, a 9,2 millones de euros a favor de Gorriarán Laza y a 5,07 millones de euros reconocidos a favor de García de Paredes.
"PLAN PRECONCEBIDO" PARA PREPARAR SU SALIDA
La querella relata cómo tras el acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova de 11 de mayo de 2010 y de la petición del primer apoyo financiero por parte del FROB, los directivos procedentes de Caixanova (Pego, Rodríguez y Gorriarán), idearon un "plan preconcebido" para "preparar su previsible y futura salida" de la entidad y, en este marco, acordaron mejorar sus contratos de alta dirección.
Estas mejoras las "ocultaron" al consejo de administración de Novacaixagalicia, para lo cual contaron, según sostiene la Fiscalía, con la necesaria cooperación del presidente de la entidad Julio Fernández Gayoso (procedente también de Caixanova), quien firmó los nuevos contratos a favor de los directivos el 20 de octubre de 2010, una modificación que no fue amparada por el consejo de administración de la entidad celebrado dos días antes.
Además, en los nuevos contratos se introdujo un nuevo derecho de viudedad contratado con Caser, en el que se hizo beneficiarios de los planes de pensiones, en caso del fallecimiento del alto directivo, al cónyuge e hijos. En el consejo de administración de Novacaixagalicia de 1 de diciembre de 2010 Gayoso se limitó a informar de la elevación de estos contratos sin entrar en el fondo del asunto, prosigue el documento.
De esta manera, los directivos de Caixanova consiguieron que la nueva entidad bancaria ratificara y se subrogara en las obligaciones -que en apariencia- habían sido previamente adquiridas" por la entidad que dirigían en materia de retribuciones de altos directivos. Además, Fernández Gayoso propuso al consejo el contrato del antiguo directivo de Caixa Galicia Javier García de Paredes en las mismas condiciones.
CONSEJO DEL 15 DE AGOSTO
Para ejecutar el "plan concebido", el 15 de agosto de 2011, cuando ya se preveía la intervención de la entidad, un experto en derecho laboral plantea al consejo de administración el desestimiento de los directivos con motivo de la fusión entre las dos cajas gallegas y la entrada del FROB sin especificar la modificación contractual realizada.
Así, el consejo de administración de Novacaixagalicia declara vigentes los contractos de alta dirección y decide dotar una provisión sin fijar la cuantía concreta para hacer frente a la supuesta renuncia de los directivos. En septiembre de 2011, Fernández Gayoso aprobó y liquidó las prejubilaciones de Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes sin comunicarlo al Banco de España.
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