La presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, ha propuesto a los portavoces de los grupos que, entre las medidas que regulen las visitas, se incluya que los invitados firmen las normas de comportamiento obligado para poder asistir a las sesiones plenarias. De no hacerlo, la jefa del Legislativo da la alternativa de que puedan seguir el debate fuera del hemiciclo, en otra sala.
A ello, se le sumarían los "mínimos" que ya había en la legislatura pasada, que eran acuerdos verbales con los grupos parlamentarios. Concretamente, si un invitado era expulsado, no podía volver al hemiciclo en un periodo de sesiones, mientras que el grupo parlamentario que había convidado a un colectivo desalojado se quedaba sin cupo de visitas en la siguiente sesión.
El planteamiento ha sido trasladada a los grupos parlamentarios en el transcurso de la reunión de los portavoces, y a la que los representantes de la oposición han mostrado sus reservas, puesto que las discrepancias radican más en lo que se entiende por el transcurso normal del pleno que en la coincidencia, existente, de que hay que desarrollar con "dignidad" la labor parlamentaria, tal y como ha explicado sobre la mesa el popular Pedro Puy.
Con todo, de la reunión de portavoces quedó pendiente que la jefa del Legislativo autonómico pusiese por escrito la propuesta, si bien convocó una nueva reunión de la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara que puede adoptar la decisión por mayoría (que ostenta el PP), toda vez que la Xunta de Portavoces ya ha sido oída.
Así las cosas, el portavoz del Grupo Parlamentario del PSdeG, Abel Losada, se ratificó en los argumentos dados en días pasados para señalar que los socialistas están a favor "del orden", pero "no del control político" de las visitas al Parlamento, motivo por el que también demandó de la Presidencia "sensibilidad" con los ciudadanos.
Para Losada, los plenos se interrumpen "de forma muy marginal" o de forma "esporádica", con lo que ha advertido de que no es "positivo" que se establezcan "normas muy rígidas". Así, si bien reiteró que su formación "iba a cooperar" para el "normal funcionamiento de los plenos", ha anticipado que su partido "no está dispuesto a criminalizar a los ciudadanos que van al Parlamento" y "menos si se llenan la boca de decir que abren" la Cámara.
En este punto han coincidido los otros dos grupos de la oposición y, como expresó Xosé Manuel Beiras, AGE "no considere que altere el orden el hecho de que se exhiba un papel en que se diga 'queremos trabajar' o 'no queremos emigrar'" y que eso "sea motivo para reprimir".
"Diga lo que diga el reglamento" o "se interprete como se interprete", ha apostillado Beiras, mientras que Abel Losada ha subrayado que "una camiseta no impide el orden normal". Además, el dirigente socialista ha avanzado que su grupo seguirá presentando un listado de 18 invitados en cada sesión plenaria, sea cual será la resolución de la presidenta, y hasta final de legislatura.
El portavoz parlamentario de AGE ha puesto de manifiesto que "los ciudadanos se sienten cada vez más agredidos" y por ello "se indignan". En este punto, ha incluso avanzado la disposición de su grupo a promover que se impulse una iniciativa legislativa popular para cambiar el Reglamento del Parlamento, con el fin de que "los derechos constitucionales" no estén mermados en la normativa de la Cámara.
También el nacionalista Francisco Jorquera considera que el PP "hace una lectura equivocada" sobre las protestas en la Cámara, ya que "no obedecen a una táctica conspiratoria, sino son simplemente un reflejo de una realidad".
DISCREPANCIAS DE CONCEPTO
Sin embargo, para el portavoz del Grupo Parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha sintetizado en que "todos están de acuerdo en mantener la dignidad de la Cámara, pero no están de acuerdo en qué significa" ese concepto, con lo cual el acuerdo sobre cómo actuar no ha sido posible.
Pedro Puy, que no ha querido valorar en si el incidente es arrojar un tomate o una pancarta, porque entran dentro de las "apreciaciones personales", sí arropó la idea de que, si los grupos no se "responsabilizan" de sus invitados, que sean ellos mismos los que lo hagan con su firma.
INCIDENTES MÁS GRAVES Al margen de la propuesta pero para ilustrar el contexto, Jorquera ha hecho hincapié en que "el incidente más grave" en el Pazo do Hórreo, a su entender, fue el protagonizado por los alcaldes populares en 2005, cuando gobernaba bipartito de socialistas y nacionalistas, y se "manifestaron por los pasillos" de la Cámara "profiriendo amenazas". En ese caso, ha recordado, "la respuesta nunca fue establecer más normas", ha dicho, antes de demandar paredes de "vidrio" en el Parlamento.
Por su parte, Beiras se fijó en otros acontecimientos ocurridos en el Pazo do Hórreo para considerar, en su caso, el hecho "más grave" la "agresión física" a la diputada del PSdeG por parte de una militante del Partido Popular, de la que no citó su nombre, pero de la que dijo que tenía "relaciones muy conocidas" con la cúpula del partido.
