Figueroa exige la creación de una comisión para controlar a las concesionarias, que le cuestan al Concello 70 millones de euros este año

· “Esta cantidad supone un 30 por ciento de todo el presupuesto municipal y si se le añade lo que recauda Aqualia por los recibos, la cifra alcanza los 120 millones de euros; hay que controlarlo”, argumenta Chema Figueroa.

· Hasta treinta servicios municipales están en manos de concesionarias, según el estudio realizado por el Grupo Popular.

· “Hay contratos que expiran dentro de tres meses y nada se sabe de la convocatoria de un nuevo concurso; es un total descontrol que evidencia la falta de gestión”, afirma el portavoz del Partido Popular.

Más de 70 millones de euros es lo que le cuestan al Concello la treintena de contratos que mantiene con concesionarias de servicios municipales. Una cifra que alcanza los 120 millones de euros si se le suma lo que recauda la empresa Aqualia por los recibos del agua que le cobra directamente a los vigueses. Ante esta situación, el portavoz del Grupo Popular, Chema Figueroa, exigió esta mañana la creación de una comisión municipal de control de las concesionarias.

Una comisión que, según la propuesta del portavoz del PP, debería estar compuesta por representantes de los tres grupos municipales, por técnicos del Concello y por representantes de cada una de la contratas. “El objetivo es ejercer un control sobre el gasto, que aumenta este año muy por encima del IPC, y de conocer realmente a qué se imputan estos costes, porque ni el alcalde ni el gobierno municipal parecen conocerlos”, explicó Figueroa.

La propuesta de una comisión para el control de las concesionarias se produjo durante la presentación de un estudio realizado por el Grupo Popular, en el que constan, además de los costes de cada una ellas para este año, los plazos de los contratos, así como el año en que se suscribieron y el de finalización.

“El Partido Popular lo explicó hace unos días, cuando se habló del montante de la deuda que ascenderá a 100 millones de euros y de los 42 millones de euros que se recaudan por multas de tráfico, y lo vuelve a decir ahora: hay que controlar el gasto y una parte importante es la supervisión de los costes que le suponen a las arcas municipales la prestación de servicios en manos de concesionarias. Se debe tender al menor coste posible con mejores servicios”, argumentó Chema Figueroa.

El portavoz del Partido Popular insistió en que “la cifra de gasto es muy importante, hasta el punto que supone el 30 por ciento del presupuesto municipal para este año; y todo indica que no existe un control real sobre la situación en que se encuentran todos estos servicios, unos treinta”. En ese sentido, Figueroa abogó por extender ese control a la “necesidad” de conseguir mejores condiciones en cada uno de los contratos, tanto los que están en vigor como los que han caducado o están a punto de hacerlo.

“Hay tres contratos que expiraron en el mes de mayo del año pasado y no se ha convocado un nuevo concurso”, explicó Figueroa que se refirió a los relacionados con la gestión de las ludotecas de Coia y de la Casa de la Juventud, así como a los del Punto Xove y de Información Juvenil. “Pero, además, hay otros dos, los de Jardines y los de parques infantiles, que expiran el próximo mes de abril y de los que tampoco se sabe nada; a estas alturas debería de conocerse ya el pliego de condiciones para el nuevo concurso”, añadió.

Chema Figueroa insistió en que “los nuevos concursos deben de servir para conseguir mejores condiciones económicas para el Concello; además, el alcalde tendría que gestionar, mediante negociación, la consecución de mejoras con las demás concesionarias que aún disponen de contrato en vigor”.

La filosofía del Partido Popular para estos tiempos de crisis está: hay que congelar los impuestos y gestionar una mejora de los servicios. “Todo lo contrario de lo que hace el alcalde, que no puede permanecer ajeno a esta situación; no gestiona, no controla y se ha entregado a lo que digan las concesionarias”, afirmó Figueroa, que puso como ejemplo de descontrol tanto la ampliación del contrato con Aqualia como lo ocurrido con el Auditorio Mar de Vigo, al que se le amplió la concesión además de aportar 5 millones de euros.

“Si se sigue así, los costes de las concesionarias ahogarán el bolsillo de los vigueses y las arcas municipales; hay que replantearlo y controlarlo”, concluyó Chema Figueroa.