Cuando ha transcurrido algo más de un año desde el cambio de Gobierno en España, es conveniente llevar a cabo un balance que señale y proporcione información sobre el estado de la situación. Las políticas abordadas por el Ejecutivo no pueden valorarse aisladamente, sino que en su conjunto conforman la reparación de los acuciantes y dramáticos problemas que padecía España.
Al inicio de esta legislatura, lo inaplazable, lo perentorio, ha sido actuar sobre el problema más urgente que presentaba la economía española, la gran lacra social, política y económica y la mayor preocupación del Gobierno: el desempleo. Para frenarlo, y sentar las bases del crecimiento que permitan la creación de empleo, ha sido preciso actuar en diferentes frentes.
En el capítulo del déficit, el Gobierno ha realizado en el año 2012 el mayor esfuerzo de reducción conocido en un período de recesión económica, aplicando normativas para lograr su efectividad: Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Reforma Integral del Sector Público, subida de impuestos y lucha contra el fraude. Hoy, el esfuerzo de España en este ámbito es reconocido por todas las instituciones internacionales.
Era urgente también el saneamiento del sistema financiero y, por ello, se ha ejecutado un proceso de transparencia y saneamiento en un tiempo récord, que va a permitir la recuperación de fuentes de financiación y, por ello, que nuestro sistema financiero recupere la credibilidad y pueda volver a realizar su autentica función. Las grandes empresas que en este mes de de enero han acudido a financiarse lo han hecho con éxito.
Para eliminar las rigideces del mercado laboral, responsables de parte de la tasa de paro del 25 % al comienzo del 2012, era necesaria la reforma laboral, que el Ejecutivo abordó de inmediato. Estamos preparados para que la fuerza de trabajo esté disponible, sin rigideces, a nuevos impulsos de inversión.
Eran insostenibles la morosidad y la falta de liquidez de las Administraciones públicas. El Gobierno se encontró a una gran parte de ellas en una situación límite (Galicia no tuvo necesidad de intervención y tampoco va a precisarla en el 2013). En el 2012, las autonomías han podido hacer frente a sus compromisos (con ayudas cercanas a los 55.000 millones de euros) y se ha reducido la gigantesca deuda que mantenían con sus proveedores. En todo caso, hay que estar vigilantes para que no vuelva a repetirse.
El conjunto de necesarias y urgentes medidas adoptadas han provocado grandes sufrimientos en la población, pero, a pesar de los quebrantos que han producido (desgraciadamente mucho mayores que si estas medidas se hubieran tomado en su momento), los ajustes no son el problema. Lo dramático, lo trágico, ha sido la situación de partida que ha obligado de manera imperiosa a realizarlos. Todo el diseño de la política económica llevada a cabo en este año va dirigido a reducir el paro, y es de justicia, si se hace balance de la concatenación de los hechos, que esas medidas de ajuste se contemplen como el primer paso hacia la solución, que solo se alcanzará con la creación de empleo.
Toda la política económica del Gobierno está dirigida a reducir el paro
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