En el marco de una interpelación formulada por el diputado del BNG Cosme Pombo, quien ha apelado a las competencias propias de la Xunta para reclamar que hiciese alguna gestión ante el Estado con el fin de lograr la transferencia a la Xunta de estas viviendas, Agustín Hernández ha advertido de que, en primer lugar, esta operación no se puede hacer "sin coste".
Además de recordar que el FROB sólo tiene el 45 por ciento de la participación del Sareb y que el resto son entidades privadas -entre ellas, bancos-, el conselleiro ha remarcado que "resulta obvio que no todas las viviendas se adaptan a todas las situaciones o cumplen los requisitos para los usos concretos para el realojo de desahuciados".
"Entendemos que no es posible en la situación actual hacer una transferencia y, aunque lo fuera, no se podría actuar sin sopesar el mantenimiento y situación" de cada vivienda, ha explicado Agustín Hernández, quien ha asegurado que lo que propone el BNG "llevaría a la quiebra del sistema financiero español".
Con todo, el titular del departamento en que residen las políticas de vivienda ha asegurado que la Xunta hace un seguimiento de las actividades en torno a los activos inmobiliarios para "poder adoptar en el momento en que se considere" oportuno, y "con todos los datos", las medidas para "favorecer a la comunidad y conjunto de la ciudadanía".
"NO ASIMILABLES"
Agustín Hernández ha abundado en que los activos del Sareb "no serían asimilables" para el concepto de vivienda público, y sería "difícil darle este destino, máxime, en un momento de limitaciones presupuestarias como el actual".
Frente a esta posibilidad, y tras reiterar que no se tomarán medidas que "no sean fruto del análisis y de la convicción de que beneficia a los intereses generales", ha destacado las medidas que se han puesto en marcha para el realojo de afectados por las preferentes.
En su intervención, Agustín Hernández ha explicado que desde principios del mes de marzo, las comisiones provinciales de vivienda de Pontevedra y A Coruña aprobaron un total de diez propuestas de adjudicación directa de viviendas de promoción pública a otros tantos afectados por las ejecuciones hipotecarias, siete en la provincia de Pontevedra y tres en A Coruña.
Además, de esas diez viviendas, dos ya fueron adjudicadas mediante resolución y las otras ocho lo serán de forma "inmediata", tras cumplir la tramitación necesaria. Existen otras 16 solicitudes en la provincia de Pontevedra, que se están tramitando, mientras que las provincias de Lugo y Ourense no han tenido ninguna petición.
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