El Gobierno gallego rebajará por ley los umbrales para la contratación menor, la que se realiza hasta ahora por encargo directo sin necesidad de concurso, y obligará a la presentación de tres ofertas con la garantía de que no hay relación entre ellas, según consta en el anteproyecto de ley de racionalización de la Administración pública autonómica.
En la actualidad, los límites eran de 18.000 euros para suministros y de 50.000 en obras, mientras que la nueva ley prevé que las cantidades se reduzcan a la mitad, de modo que serán 9.000 euros para suministros y 25.000 para obras.
El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ha explicado tras la reunión del Consello de la Xunta que esta nueva normativa supone un "avance importante en materia de transparencia en la contratación".
La nueva ley establece, además, en línea con las directrices de la Comisión Europea la "autoprovisión" de servicios y tareas por la Administración "siempre" que se puedan realizar con sus medios.
De este modo, será obligatorio que la Administración realice con sus medios la prestación de asistencia jurídica, las auditorías, trabajos estadísticos y formación de empleados públicos, entre otras tareas, según un catálogo de medios que ya existe y que se publicará.
"No es una declaración de intenciones, sino una obligación legal", ha insistido Rueda, que ha indicado que para completar esta medida se hará público un listado de servicios de contratación que deberá ser centralizada, entre otros, el mantenimiento de instalaciones, la limpieza, la seguridad, los servicios postales y telegráficos, la reparación de vehículos, el gas y la electricidad.
Para el vicepresidente, esto no va a suponer que se limite la competencia y que las pequeñas y medianas empresas no puedan participar en estas licitaciones, ya que se incluirán cláusulas de salvaguardia para permitir su concurso de modo que, "sin perjuicio la contratación centralizada, siempre que se pueda se haga por lotes, para facilitar que pymes se puedan presentar".
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en la misma conferencia de prensa en que el proceso de racionalización de la administración iniciado en 2009 "no tiene marcha atrás" y persigue que sea "más eficaz y más eficiente" .
Esta ley es "el tercer gran pilar" del proceso gradual de racionalización que la Xunta aguarda que "se consolide con independencia" de la situación económica del país, ha dicho el presidente.
"Por muy bien que le pueda ir a la economía entendemos que hay que gastar menos en la administración", ha concluido.
Rueda ha incidido en que la ley pretende "blindar" algunas iniciativas que ya se venían realizando y que ahora serán "obligatorias".
De este modo, la nueva norma establece la presentación periódica de planes de reestructuración de la administración. Además, prevé la fusión del Instituto Galego de Estadística con el Cixtec, en un solo organismo; así como del Instituto Galego de Consumo y el Consello Galego da Competencia, en otro.
La ley hará obligatoria también la publicación de las declaraciones patrimoniales de los integrantes del Gobierno gallego, hasta ahora voluntaria y compromete la elaboración de directrices normativas, que todas tengan unas mismas pautas de estructura.
También se elaborará otra norma, en un plazo a acordar, para refundir en una ley todas las normas que en algunos sectores están dispersas.
La Xunta prevé, además, elevar el rango de reserva para los centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral, que hasta ahora estaba entre el 3 y el 5 % y ahora se eleva al 10 %.
Desde la entrada en vigor de esta ley todos los procedimientos de contratación se harán por nuevas tecnologías, al menos en la presentación de ofertas y la solicitud, lo que agilizará los trámites y supondrá un ahorro.
Se trata, según ha resumido Rueda, de un "manual de buenas prácticas en la administración que pasa a ser obligatorio por ley" para lograr que esté "mejor dimensionada y sea más eficaz".
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