El Puerto de Vigo constituye el corazón económico de la ciudad, la principal fuente de riqueza y de actividad económica, y es la principal fuente de generación de empleo de Vigo.
La actuación de confrontación que ha generado estos días el Gobierno municipal no es una ayuda al primer motor económico de Vigo, ya que la Autoridad Portuaria se financia exclusivamente de sus propios ingresos. Y esos ingresos se traducen en mejores servicios para los usuarios y, por tanto, mayor competitividad para la economía local.
El Puerto de Vigo supone para la ciudad el criterio diferencial que nos destaca entre otras actividades industriales. Tratar de dañar conscientemente la economía del Puerto supone atacar el futuro económico de Vigo, el empleo de decenas de miles de personas, y la mayor vía de exportación de nuestras empresas al extranjero. Hacerlo desde la Alcaldía no parece ni sensato, ni razonable.
La decisión "política" de no querer hacer lo que siempre hizo el Ayuntamiento es una grave decisión que supone generar un enfrentamiento con quien es el principal sostén de todos los sectores económicos de la ciudad: automóvil, pesca, construcción naval, turismo, granito…
Ingresos del Ayuntamiento por los túneles
El Puerto, además, recuerda que la concesión de los túneles del Arenal sí generan unos importantes ingresos al Gobierno municipal por las multas de los tres radares que el Ayuntamiento tiene instalados en los mismos. Multas que sí pagan los vigueses.
Según datos públicos, en el año 2010 esos radares fotografiaron a 6.833 vehículos que superaron los 50 km/h, y a lo largo de los seis primeros meses del año 2012, se detectaron 2.732 excesos de velocidad.
Esas multas pagadas por los vigueses generaron un importante ingreso al Ayuntamiento de Vigo durante todos los años de existencia del túnel, de tal manera que esa concesión genera ingresos al Ayuntamiento a través de las multas y que es superior a los pagos por el tributo de concesión de esos túneles.
Obligación de pagar los tributos
El Puerto recuerda que la obligación de pagar los tributos es aplicable no sólo a los ciudadanos y empresas, si no también a las administraciones públicas y sus responsables.
Las administraciones públicas que reclaman el pago de tributos a los ciudadanos y empresas deben ser ejemplares en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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