El nuevo proyecto de Ley de Carreteras de Galicia ha iniciado su tramitación parlamentaria, tras rechazar el PPdeG las peticiones de devolución de la oposición, que ha alertado de que esta norma "introduce posibles nuevas tasas" por el uso de vías. Éste extremo ha sido negado por el PPdeG, mientras que el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha defendido que la Xunta "moderniza" la legislación y aporta "más seguridad jurídica" al ciudadano.
Tras la intervención del conselleiro, la parlamentaria del BNG Ana Pontón ha advertido de que la ley "consolida un modelo que privatiza" infraestructuras y ha leído varios artículos de la ley que, a su entender, "abren la puerta a establecer tasas por el uso de cualquier vía" en Galicia. Con este tipo de pasos, la Xunta, ha interpretado, continúa el camino "del saqueo al pueblo" que se plasma en otras cuestiones "como la estafa de las preferentes".
Medio Ambiente ha hecho constar que la alusión a la posibilidad de cobrar una tasa por el uso de la red viaria ha sido retirada. En el anteproyecto, dicha opción figuraba en un artículo como una de las fórmulas para obtener recursos económicos, pero fuentes del departamento que dirige Agustín Hernández han explicado que en el proyecto, aprobado en diciembre en el Consello de la Xunta y remitido al Parlamento para su tramitación, ese apartado se ha suprimido. Sí se mantiene el canon a empresas de servicios que hagan uso de la vía pública.
NOVEDADES DE LA LEY
El propio Hernández ha aprovechado su intervención en la sesión plenaria de este martes para defender la nueva ley, que se "adapta" a otras normas vigentes y "moderniza" la legislación en materia de carreteras, además de introducir una serie de "novedades", como "ofrecer mayor transparencia" con la mejora de los procedimientos de control ciudadano, aumentando los proyectos que deberán ser sometidos al trámite de información pública.
También se "amplía" la consideración de tramos urbanos a los terrenos clasificados como "núcleos rurales", siempre que cuenten con alineaciones en el planeamiento urbanístico, y establece "mecanismos de ahorro" para la administración e materia de expropiaciones, al tiempo que "se compatibiliza" con el beneficio para el ciudadano.
Asimismo, el conselleiro ha enfatizado que introduce "una mayor sensibilidad" con los afectados por las obras, posibilitando que la Administración reponga los bienes afectados en lugar de la obligatoria indemnización a su propietario. Al tiempo, aporta "mayor seguridad jurídica" al ciudadano, al "homogeneizar" las distancias a las que se establece la línea límite de edificación en las carreteras convencionales, con independencia del tipo de red.
Tras la intervención del conselleiro, la parlamentaria del BNG Ana Pontón ha advertido de que la ley "consolida un modelo que privatiza" infraestructuras y ha leído varios artículos de la ley que, a su entender, "abren la puerta a establecer tasas por el uso de cualquier vía" en Galicia. Con este tipo de pasos, la Xunta, ha interpretado, continúa el camino "del saqueo al pueblo" que se plasma en otras cuestiones "como la estafa de las preferentes".
Medio Ambiente ha hecho constar que la alusión a la posibilidad de cobrar una tasa por el uso de la red viaria ha sido retirada. En el anteproyecto, dicha opción figuraba en un artículo como una de las fórmulas para obtener recursos económicos, pero fuentes del departamento que dirige Agustín Hernández han explicado que en el proyecto, aprobado en diciembre en el Consello de la Xunta y remitido al Parlamento para su tramitación, ese apartado se ha suprimido. Sí se mantiene el canon a empresas de servicios que hagan uso de la vía pública.
NOVEDADES DE LA LEY
El propio Hernández ha aprovechado su intervención en la sesión plenaria de este martes para defender la nueva ley, que se "adapta" a otras normas vigentes y "moderniza" la legislación en materia de carreteras, además de introducir una serie de "novedades", como "ofrecer mayor transparencia" con la mejora de los procedimientos de control ciudadano, aumentando los proyectos que deberán ser sometidos al trámite de información pública.
También se "amplía" la consideración de tramos urbanos a los terrenos clasificados como "núcleos rurales", siempre que cuenten con alineaciones en el planeamiento urbanístico, y establece "mecanismos de ahorro" para la administración e materia de expropiaciones, al tiempo que "se compatibiliza" con el beneficio para el ciudadano.
Asimismo, el conselleiro ha enfatizado que introduce "una mayor sensibilidad" con los afectados por las obras, posibilitando que la Administración reponga los bienes afectados en lugar de la obligatoria indemnización a su propietario. Al tiempo, aporta "mayor seguridad jurídica" al ciudadano, al "homogeneizar" las distancias a las que se establece la línea límite de edificación en las carreteras convencionales, con independencia del tipo de red.
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