"Confundirse de enemigo", artículo de Irene Garrido en La Voz de Galicia

Ante los acontecimientos ocurridos el pasado jueves en el Parlamento gallego y su repercusión en todos los ámbitos de la política y la sociedad gallega y española, me parece que es de justicia el colocar a cada una de las partes involucradas en el proceso en el lugar que le corresponde. Por un lado la parte más importante, los afectados, los estafados por la comercialización de un producto que, sin ser el problema en sí (se han emitido preferentes por todos los bancos en el mundo), sí lo es el hecho de que España ha sido el único país en el que se ha permitido la comercialización de estos productos entre minoristas, entre ahorradores.

Cuando los ahorros de toda una vida se ven amenazados, se produce una impotencia, una desesperación y una ira, que solo el que la viva podría cuantificarla. Y más en el momento actual, en el que la sociedad sufre los efectos de una crisis mal gestionada en su inicio, y cuando los ingresos de las familias se ven mermados por el bajo nivel de ingresos debido al desempleo.

La herencia recibida
Siendo totalmente sensibles ante estos dramas, debemos evitar que se den situaciones en las que se pueda llegar a confundir hacia quienes van dirigidas las protestas de los afectados. No hay mayor error, cuando se plantea una batalla, que confundirse de enemigo. Porque la comercialización de estos productos se produjo masivamente bajo la regulación y supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante los años 2007, 2008 y 2009, años en los que en el ámbito nacional gobernaba el PSOE y en el autonómico gallego el bipartito PSOE-BNG.

Las preferentes dejan de comercializarse a quien era su comprador natural (las instituciones) a partir del 2006-2007 cuando se empiezan a ver riesgos. Entonces se produce la mala praxis de la comercialización por parte de los entonces responsables de las entidades financieras, que buscan otro segmento para colocar las preferentes: los actuales afectados. Y mientras, los órganos reguladores y supervisores, haciendo mutis por el foro.

El Gobierno gallego, el Grupo Popular en el Parlamento, el presidente de la Xunta no son el enemigo al que los afectados deban dirigir sus siempre justificadas descargas emocionales. Y en eso se están equivocando de forma radical, porque lejos de ser el enemigo son el aliado. El Gobierno gallego sí es el que, con la responsabilidad que le otorga el regir el destino de los gallegos durante los próximos años, debe ocuparse de un problema que no ha generado y al que seguro va a dedicar todos sus esfuerzos para que el daño para este colectivo sea el menor posible. Las cuatro partes implicadas: afectados, Gobierno actual, Gobiernos anteriores (con sus organismos supervisores y reguladores ejerciendo) y entidades comercializadoras de estos productos, son las cuatro figuras que aparecen en este puzle que conforma el problema de las preferentes. El resultado que se espera debe ser el que derive del buen hacer de estas cuatro figuras.

Actuaciones imperdonables
Por ello, resulta inaudito para una democracia que se produzcan situaciones como la del otro día en O Hórreo, donde, si equivocadas han sido las protestas de los afectados, imperdonables han sido las actuaciones de algunos grupos con representación parlamentaria y que han tenido responsabilidades de Gobierno en las fechas de la comercialización de las preferentes. Y por ello resulta institucionalmente muy grave que ahora alienten y, aunque parezca increíble, protesten y reivindiquen las consecuencias de hechos que ellos consintieron cuando estaban gobernando.

La Xunta se ocupará de un problema que no ha generado, y trabaja para dar una salida que minimice el quebranto sufrido por los ahorradores. Galicia ha sido el primer, y por ahora el único Ejecutivo, que se ha ocupado, a través del arbitraje promovido por la Xunta de dar solución, ya a 10.500 estafados por la mala comercialización.

En otras comunidades, las entidades financieras van a comenzar ahora (Caixa Catalunya ya lo ha hecho hace apenas dos meses, y Bankia lo va a hacer en breve), procesos de arbitraje que promoverá el Gobierno de España, siguiendo el ejemplo gallego, para los afectados por la mala comercialización.