El regidor vigués, Abel Caballero, ordenó esta tarde un 'cribado' del público que finalmente pudo asistir al vespertino pleno vigués, para dejar en la calle a la treintena de sindicalistas que durante la mañana provocaron una nueva suspensión de la sesión que abordaba los presupuestos del 2013. El alcalde socialista actuó así diametralmente en contra de lo que su partido exige en Santiago, y de idéntica manera a la que el PP defiende en Raxoi, para salvaguardar la inviolabilidad de las instituciones. El BNG amagó incluso con abandonar el salón de plenos al verificar que la policía estaba impidiendo el acceso de los portavoces sindicales de varias contratas municipales. Pero finalmente accedió a debatir el presupuesto, y a apoyar a su 'socio' con sus votos, que valieron para sacar adelante unas cuentas que el Partido Popular calificó como "inútiles para que Vigo salga de la crisis". El concejal Miguel Fidalgo pidió a los socialistas que se dejen de "enseñar cuadros" y que "cuadren las cuentas" de una vez. La deuda del Concello se situará con estos presupuestos en el peligroso umbral de los cien millones de euros a final de año, desde los 47 que Caballero se encontró a su llegada a la alcaldía. Los números no garantizan el apoyo a ninguna de las grandes infraestructuras en marcha dentro del municipio, todas ellas, por cierto, pagadas por las administraciones que gobierna el PP. No hay dinero ni voluntad política para apoyar las obras del nuevo hospital, como tampoco hay consignación suficiente para la reforma de la ETEA, ni siquiera para la redacción del proyecto del túnel de Julián Estévez. Caballero no quiso ni oir hablar de los problemas laborales que desde hace meses atenazan a los trabajadores de Linorsa, del Marco o del IMD. De hecho, se negó a recibir a una representación de los mismos, como le pidieron con reiteración tanto el Partido Popular como el BNG. "El alcalde no sabe gestionar ninguna cuestión que signifique una crítica", lamentó el portavoz del PP José Manuel Figueroa, que tras la suspensión del pleno por la mañana exigió al PSOE la celebración de la sesión. El líder popular defendió la inviolabilidad de las instituciones públicas, pero acusó al gobierno municipal de no querer hablar con los colectivos críticos y provocar así un "evidente malestar social". Al final, PSOE y BNG pactaron que se dejase entrar al pleno a dos trabajadores con pancartas para que quedase constancia gráfica de las protestas.
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