Ésta es, junto a otras dos resoluciones, las únicas que han salido de la Cámara con el respaldo unánime de los cuatro grupos que la conforman. Concretamente, ha sido apoyada por todos la recomendación segunda del PPdeG, que apuesta por "mantener con carácter periódico" el informe sobre la actividad económico-financiera de las entidades dependientes de la administración autonómica, que se presentó por primera vez en 2006.
Asimismo, PPdeG, PSdeG, AGE y BNG respaldaron la necesidad de "continuar aproximando" los informes de la cuenta general al ejercicio en curso, con independencia de los otros informes de fiscalización, una recomendación que se hace año tras año y que propusieron populares y socialistas.
Con sólo el apoyo de los populares, y la abstención de los grupos de la oposición, la Cámara insta a Contas a que realice una "fiscalización de procedimientos de incorporación del personal en organismos públicos y su adecuación a la actividad de las respectivas entidades", analizando un periodo temporal "razonable" que permita ver la evolución de este personal.
Ya con el voto en contra de la oposición, que expresó sus dudas sobre la finalidad que pretende el PP con esta propuesta, el Parlamento recomienda la realización de un análisis temporal de financiación en los organismos públicos enmarcados en el perímetro de consolidación previsto en los presupuestos, con "detección de posibles supuestos de sobrefinanciación o excesos de tesorería".
PROPUESTAS QUE DECAYERONSin embargo, decayeron otras propuestas destinadas a fiscalizar sobre el tiempo medio de pago a las farmacias por parte de la Xunta, otra para "detectar las disfunciones en el plano asistencial derivadas de la imposición de diferentes copagos", así como una propuesta para elaborar un informe sobre la actividad contractual del Sergas, en particular en lo referente al hospital de Vigo y de Ourense.
Así las cosas, en el debate de las propuestas, el portavoz del PSdeG en el debate, Juan Carlos González Santín, ha considerado "necesario verificar la verdadera deuda pública", y también ha hecho hincapié en el conocer las consecuencias de la construcción por el método de la colaboración público-privada del hospital de Vigo.
Asimismo, reclamó que la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos en la campaña electoral se extendiese a los contratos realizados por la Administración, a lo que la diputada popular Herminia Pouso le ha contestado que se "va a fiscalizar toda la contabilidad de ingresos y gastos" en los proceso electoral de 2012.
Por su parte, el diputado de AGE Ramón Vázquez destacó la necesidad de fiscalizar el "repago" que afecta a los ciudadanos, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo, y también analizar la "incidencia" en los servicios públicos en los casos de "externalización" o "privatización".
En este sentido, Ramón Vázquez ha advertido de que no hay "constancia de que la gestión privada mejore los servicios" o suponga un abaratamiento de los costes.
El nacionalista Francisco Jorquera, por su lado, ha considerado importante investigar si la Administración "sirve al interés general", como manda la Constitución, en las contrataciones públicas, y ha subrayado que "la solvencia se mide en el impacto para conseguir los fines", es decir, en cómo afecta a los ciudadanos.
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