viernes, 5 de julio de 2013

El PP llama a los alcaldes de las poblaciones costeras a tramitar las 2.668 construcciones afectadas en el área viguesa por la reforma de la ley de Costas

· Enrique López Veiga: "La reforma despeja el futuro para cientos de familias humildes que dejaron de tener una casa en propiedad y pasaron a tener una concesión, pero no legaliza viviendas en la costa posteriores a 1988.

· "Es el momento de que los municipios se muevan para delimitar las zonas costeras urbanas, rústicas, urbanizables y rurales, y para que las comuniquen al Ministerio. Hay plazos de entre tres meses y dos años para hacerlo, pero conviene comenzar cuanto antes”, señaló Román Rodríguez.

· José Manuel Figueroa: “Pediremos en la Gerencia de Urbanismo de Vigo que comiencen los trabajos en el menor plazo posible para no demorar por más tiempo las posibles soluciones que ofrece la Ley”.


El senador autonómico Enrique López Veiga; el presidente del PP de Vigo, José Manuel Figueroa; el portavoz de Urbanismo del PPdeG en el Parlamento gallego Román Rodríguez; y los diputados por Pontevedra Javier Dorado y Berta Pérez, mantuvieron ayer una reunión de trabajo con una decena de alcaldes de municipios costeros del área de Vigo (desde A Guarda a Vilaboa) para explicarles las posibilidades que ofrece la nueva Ley de Costas, así como los plazos para la delimitación y legalización de hasta 2.668 construcciones afectadas por la nueva normativa.



El López Veiga destacó que la aprobación de esta reforma de la ley de Costas, mejorada en el trámite de la Cámara Alta, “la hizo el PP para ser coherentes con nosotros mismos”. “Siempre mantuvimos que había que tener en cuenta los núcleos rurales tradicionales que con la ley de Costas de 1988 provocaron que ceintos de familias humildes perdiesen su propiedad y pasasen a tener una concesión”, explicó. El senador autonómico aclaró que la nueva normativa despeja el futuro para este tipo de personas, “pero no legaliza las viviendas posteriores a 1988 en la gran mayoría de los casos”.



Tanto López Veiga como Román Rodríguez señalaron que el trabajo ahora corresponde a los concellos, a los que pidieron máxima diligencia para delimitar las zonas de sus territorios susceptibles de sufrir modificaciones. Los concellos con planeamiento tienen dos años para trasladar sus sugerencias al Ministerio. Los demás disponen de tres meses para proponer los cambios.



En estos casos en los que aparecen núcleos o construcciones previas a 1988 afectadas por la franja de protección de 100 metros que marcaba la antigua ley, ahora se permite su integración en el planeamiento por parte de los concellos, siempre que se respete una franja de protección mínima de 20 metros.



"Es el momento de que los municipios se muevan para delimitar las zonas costeras urbanas, rústicas, urbanizables y rurales, y para que las comuniquen al Ministerio. Hay plazos de entre tres meses y dos años para hacerlo, pero conviene comenzar cuanto antes”, señaló Román Rodríguez.



“Llegó el momento de los Concellos, que tienen que espabilar –añadió- para delimitar estos núcleos y defender porqué encajan en la nueva normativa.

El presidente del PP vigués y líder de la oposición en el Concello, José Manuel Figueroa, advirtió que el grupo municipal popular trasladará al gobierno local en la próxima Gerencia de Urbanismo la necesidad de iniciar estos trabajos en el menor plazo posible.



En el caso de Vigo, hay 424 construcciones afectadas. En total, los trece municipios costeros de la zona mantienen algo más de 2.600 construcciones susceptibles de sufrir modificaciones legales con la nueva normativa.



Román Rodríguez explicó que la Ley antigua “no encajaba con la realidad gallega, que tiene 1.300 kilómetros de costa (un tercio del total español), con una población asentada históricamente en la costa en núcleos claramente consolidados”.



“La nueva Ley –explicó- da solución a una problemática para cientos de familias en su gran mayoría humildes, y reconocerá por fin la singularidad gallega y un sistema de ocupación del territorio previo a 1988 inherente a la población gallega”.

En toda Galicia hay 12.500 viviendas en este tipo de situaciones inciertas con la legislación costera.





Los portavoces del PP insistieron en que “no hay una legalización para el 100% de los casos, sino solo para los que cumplan todos los requisitos. “Lo que decimos –recalcaron López Veiga y Rodríguez- es que se trata de una oportunidad histórica para resolver problemas muy antiguos y seguir garantizando al mismo tiempo la protección de la costa.

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